Un niño de 12 años y un joven de 18, que serían de nacionalidad venezolana, fueron asesinados en Colombia presuntamente por un grupo de civiles armados sin identificar, minutos después de que comerciantes del municipio de Tibú, en el departamento del Norte de Santander, maniataron a los jóvenes y los grabaron, acusándoles de haber entrado a robar en el establecimiento.
El hecho se habría producido el pasado viernes. Los comerciantes, en vez de llamar a las autoridades, ataron a los dos jóvenes de las manos, los sometieron al escarnio y documentaron la retención ilegal en un video que circuló en redes sociales.
En el video, el hombre que graba amenaza a los niños de difundir el material para que la gente «se de cuenta de la clase de ladroncitos que hay. Son muchachos muy jovencitos y no queremos verlos mañana por allá, tirados en alguna orilla de las carreteras, bajo nuestra responsabilidad están y vamos a entregarlos a las autoridades», se escucha en la grabación.
Minutos más tarde, según reseñan medios locales, los dos adolescentes fueron secuestrados por unos motorizados y después aparecieron asesinados con un disparo en la cabeza cada uno. En el cuello del niño, colgaron un cartel que decía la palabra «ladrones».
Los cuerpos fueron hallados en una zona rural conocida como barrio Largo, en la vía que conduce al municipio del Catatumbo.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia condenó el asesinato del niño de 12 años e instó a las autoridades a investigar el crimen. «Hacemos un llamado al respeto a la vida y protección de los niños y las niñas», señaló el organismo, que no hizo mención sobre el homicidio del otro joven.
Por su parte, la Fiscalía colombiana informó este lunes que había designado a un grupo especializado de fiscales, investigadores, criminalísticos y forenses para que adelanten las pesquisas relacionadas al crimen.
Indignación, rechazo y controversia
El dirigente político y senador colombiano Gustavo Petro exigió una explicación por parte de la policía de Tibú y advirtió que el fiscal general «no puede dejar en la impunidad este crimen».
Petro recordó que en 2018, cuando se encontraba en su campaña presidencial, la policía del Norte de Santander lo condujo a una «emboscada» donde, aseguró, lo iban a asesinar. «Hoy el asesinato de estos niños demuestra que el estado en Tibú esta al servicio del paramilitarismo y el crimen», denunció el congresista.
El comandante de la policía local, coronel Carlos Martínez, informó a Caracol Radio que han ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos colombianos (más de 26.000 dólares) a cambio de información que ayude a ubicar a quienes «privaron de la libertad, amarraron, golpearon, y condujeron hasta el sitio para asesinar a las víctimas».
El oficial, que señaló a grupos armados ilegales como responsables del hecho, recordó a la ciudadanía que no debía «tomar justicia por su propia cuenta» y apuntó que para eso «están las autoridades legalmente constituidas». Martínez aseguró que la situación irregular no había sido denunciada por la población, lo que supuestamente hubiese evitado el desenlace fatal.
La Secretaría de Gobierno de Norte de Santander, según medios locales, calificó el doble homicidio como un hecho inaceptable y resaltó que «nadie puede ser sometido a desaparición forzada, tortura, tratos crueles u degradantes». De igual forma, el defensor regional del Pueblo, Jaime Marthey, aseguró que su despacho acompañará a las familias y pidió celeridad en las investigaciones.
Denuncia de los comerciantes
De acuerdo a las declaraciones de los comerciantes y residentes de la zona, la versión del coronel Martínez contradice lo que realmente ocurrió. Además, acusan a la policía de haber obviado «deliberadamente» las llamadas que habría hecho la comunidad para entregar a los adolescentes a las autoridades.
«Hicimos varias llamadas y no respondieron, pensábamos que iba a pasar lo peor, como efectivamente pasó. En este pueblo no hay ley para nada, mire lo que pasó, así es todos los días», dijo a Noticias Caracol un habitante que guardó su identidad por temor a represalias.
Los comerciantes locales, que no hacen mención sobre la retención ilegal que hicieron a los adolescentes, afirman que están atemorizados por sus vidas y que tienen pruebas para demostrar cómo sucedieron los hechos.
«La policía no está diciendo la verdad, las cosas no fueron así, el hecho se presentó en un almacén, pero desde ese momento se llamó muchas veces y no llegaron», dijo otra persona citada por el mismo medio.
Un comerciante responsabilizó a «los actores armados» del suceso y dijo que la tragedia pudo ser evitada por la policía: «Acá, los actores armados, ellos hacen lo que quieren. Acá la ley la imponen ellos desde hace rato. Nos preocupa hoy el silencio del alcalde (Nelson Leal López), de la Policía Nacional, que no reconoce que no actuó».
El Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia de la Alcaldía de Tibú, expresó en un comunicado su «preocupación frente a la situación de orden público» y rechazó «los actos de violencia sistemáticos» contra líderes sociales, activistas de derechos humanos, docentes y comerciantes de las zonas urbanas y rurales. También advierte que la población es víctima de hostigamientos, actos terroristas y feminicidios.
Tibú es uno de los municipios más afectados por la presencia de grupos armados ilegales. En las últimas horas, además del crimen contra los dos adolescentes, en esa zona se registró el asesinato de un hombre identificado como Jesús Benito González Pérez.
Fuente: Actualidad RT